Jorge Alejandro Medellín

De Édgar Valdez Villarreal se obtuvieron confesiones precisas, detalladas, rápidas ante la inminencia de su traslado a Estados Unidos en donde enfrenta cargos por asociación delictuosa y delitos contra la salud. La Armada de México, que poseía información clave sobre sus escondites en la periferia del Distrito Federal, en las afueras de Morelos y en el Estado de México, varias veces estuvo a punto de capturarlo, pero un chivatazo, una filtración de alguien a quien la Marina investiga bastó para que huyera por tercera ocasión en menos de un año y se les fuera de las manos a los navales

El Ejército mexicano también poseía información relevante y fresca sobre los movimientos de Édgar Valdez. En 10 de las reuniones especiales del gabinete de seguridad los marinos, los militares, la Procuraduría General de República (PGR) y la Policía Federal (PF) intercambiaron datos y recibieron información de la DEA y de otras agencias estadunidenses, entre ellas el FBI, sobre los movimientos de grupos colombianos y de operadores de La Barbie en un contexto muy preciso: las secuelas de la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Equipos de 10 a 15 interrogadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) se turnaron en el Centro de Mando de esa corporación para obtener —en sesiones de cinco horas con mínimos recesos para ir al baño o para cambiar de interrogadores— los perfiles de sus posibles sucesores, datos sobre los quiebres, las fracturas recientes entre cárteles y las nuevas y posibles zonas de influencia de las organizaciones criminales que apoyan a los capos de la droga, aunque el interrogatorio comenzó desde el sitio de su detención, en la finca de Salazar, municipio de Lerma, delante de La Marquesa; horas más tarde Valdez Villarreal sería presentado a los medios de comunicación vistiendo una playera verde.

En la sala de interrogatorios de la PF en Iztapalapa, los militares, marinos y policías federales tuvieron continuamente a su lado a unos ocho funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México, gente de la DEA, del FBI, del ICE y del Departamento del Tesoro.

“POS NO”

Con las muñecas esposadas, La Barbie mantenía apretados los brazos y abultados los bíceps que dejaban ver el número dos en sus mangas cortas. Su interrogadora le preguntaba qué había sucedido, le insistía para que fuera él mismo quien abundara en detalles, pero La Barbie guardaba silencio y luego balbuceaba algo o hablaba muy bajito, como no queriendo que se le escuchara la confesión.

La Policía Federal completó el cuadro de sus declaraciones en un comunicado leído al día siguiente, ante los medios de comunicación, por el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, y por Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de esa corporación. En el texto se asentaba que el día de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, La Barbie “recibió una llamada de éste para solicitar su apoyo, que le mandara gente para sacarlo del área ya que se encontraba rodeado por la Marina”. En una parte del interrogatorio, La Barbie había respondido a una suave y amistosa voz femenina que las cosas se recrudecieron entre los cárteles como consecuencia de la muerte de su jefe y amigo, Arturo Beltrán, El Barbas, asesinado por elementos de la Marina en diciembre de 2009 en un operativo para detenerlo. Valdez reconoció que horas antes de ser acribillado entre dos habitaciones de su departamento, Beltrán Leyva le habló por teléfono para pedirle ayuda, para decirle que mandara a gente a apoyarlo. La Barbie, en esta parte del interrogatorio, mueve la cabeza, se rasca, levanta los brazos, voltea a los lados, tose un poco. El momento es, a todas luces, incómodo. Finalmente responde, pero con movimientos de cabeza, que no, masculla algo y añade de nuevo, “pos no”, sin mirar a la cámara que lo graba en video. El comunicado acota que al recibir la llamada de su ex jefe, Édgar Valdez Villarreal “le sugirió se entregara”. Ante las cámaras, Valdez Villarreal recordó el momento moviendo la cabeza, mirando hacia los lados. Había dejado de sonreír.

EL SICARIO DISCRETO

Hasta antes de ser trasladado desde Iztapalapa hacia las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Valdez Villarreal habló acerca de una parte de las redes de apoyo y de distribución de drogas con las que contaba en el Distrito Federal. Le leyeron legajos de declaraciones vertidas por José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Beltrán, El Indio, detenido por elementos del Ejército mexicano el miércoles 21 de abril tras un enfrentamiento en Huixquilucan.

El Indio era uno de los tres principales operadores y hombres del primer círculo de La Barbie. Tenía bastante información que guardaba en computadoras portátiles. En seis días más, como consecuencia de la información en los aparatos de la gente de Édgar Valdez, caería en otro operativo Dagoberto Jiménez Díaz de León, El Cantante, un operador y encargado de rutas de trasiego de cocaína en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El siguiente paso fue cruzar información con las bases de datos obtenidas de la captura de El Indio, oriundo del estado de Guerrero, el cual junto con Gamaliel Aguirre Tavira, El Güero Huetamo, era operador y jefe de sicarios de La Barbie en Acapulco.

Su captura ocurrió el 21 de julio. A Édgar Valdez le leyeron las fojas de declaraciones de cada uno de estos personajes para que ampliara datos, aportara nuevos elementos o simplemente los ratificara. Negó casi todas las cosas que se le decían o les daba otro sentido. Se le preguntó por su relación con Gerardo Álvarez Beltrán, El Indio, y reconoció que eran compadres. Se le preguntó sobre las relaciones personales de éste y de otros operadores con personas del medio artístico. Surgió el nombre de Alicia Machado, ex Miss Universo, de quien se dijo es madre de uno de los hijos de El Indio. Pero Édgar Valdez negó conocer ese hecho. ¿Cómo, si el mismo Indio ya lo reconoció en sus declaraciones? Se le inquirió.

La Barbie se pasó la mano por el rostro para secarse el sudor y con gesto de cansancio hizo el ademán de no saber de qué le estaban hablando. De los expedientes siguieron brotando nombres de artistas, cantantes, bailarines, modelos, empresarios, grupos musicales, representantes artísticos y deportistas ligados de alguna manera a la gente de Édgar Valdez Villarreal.

LA CUMBRE

Sí habló sobre la ola de violencia desatada entre su gente y reconoció sus nexos y encuentros “con Joaquín Guzmán, alias El Chapo; Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul; Ignacio Coronel Villareal, Arturo Beltrán Leyva, Gerardo Álvarez Vásquez, El Indio; Heriberto Lazcano, alias El Lazca y Miguel Treviño Morales, alias El 40”.

Valdez Villareal dijo que Arturo Beltrán Leyva ordenó el homicidio de altos mandos de la Policía Federal en represalia por los cateos efectuados a sus casas de seguridad y la detención de integrantes de su grupo más cercano, y apuntó que el responsable de estas acciones fue Sergio Villareal Barragán, alias El Grande. Con estas declaraciones, La Barbie desnudaba parte del esquema reactivo y de ajuste de cuentas entre los cárteles de la droga y entre estos y el gobierno federal.

Después, ante militares y personal de la SIEDO, reconocería que los reacomodos entre las organizaciones del narcotráfico se aceleraron con la muerte de Arturo Beltrán y que la alianzas rotas entre Héctor Beltrán y el cártel de Sinaloa se reconstruyeron para acabar con él al considerarlo traidor.

Dijo también que en la Cumbre entre líderes de cárteles de la droga efectuada en Cuernavaca, Morelos, en 2007, uno de los acuerdos pactados entre la gente de los cárteles de Sinaloa, del Milenio, de los Carrillo Fuentes y de los Beltrán, fue que Arturo, El Barbas, sería el único interlocutor de la Federación (creada meses antes para acabar con la violencia y recuperar plazas perdidas ante el cártel del Golfo y Los Zetas) para hablar con los líderes del Golfo. Pero las suspicacias y el descontento hacia Beltrán surgieron a las pocas semanas dentro del cártel de Sinaloa. La Barbie dijo en sus primeras declaraciones que fueron ellos, la gente del Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán Loera, del Azul Esparragoza y de los Carrillo Leyva quienes iniciaron el rompimiento de la tregua. La “guerra entre cárteles” se recrudeció, se expandió y alcanzó a periodistas, a militares y a autoridades civiles de los tres niveles de gobierno e incluso a extranjeros. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla y no se dudó en usar armas pesadas para recuperar o buscar hacerse de una plaza.

Quien rompió el pacto fue El Chapo Guzmán, en una rivalidad con Beltrán Leyva, agregaba La Barbie en sus primeras conversaciones con la gente de la Policía Federal.

LOS LADRILLOS ROSAS

En los últimos meses ha habido recomposiciones, quiebres y alianzas renovadas entre los cárteles, confirmó La Barbie. Hace medio año surgió un pacto inédito entre La Familia Michoacana y el cártel del Golfo, que se unieron para acabar con Los Zetas, a los que lograron expulsar de Tamaulipas y orillaron a moverse a Nuevo León y a otros puntos como Veracruz, Zacatecas, Durango, parte del Estado de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Valdez habló acerca de los quiebres al interior del cártel de Sinaloa, los celos, las envidias y las venganzas que terminaron, entre 2006 y 2008, con la fractura de la organización y el inicio de la guerra entre el crimen organizado, y entre éstos y el gobierno mexicano. En esa dinámica, Morelos se había convertido en la base de operaciones de los Beltrán Leyva y en el punto neurálgico de la ruta de la cocaína y el dinero provenientes del sur del continente hacia varios puntos de país. En trailers y camionetas —mediante una estructura operativa que incluye a policías municipales, estatales, federales y hasta elementos militares—, cargamentos de cocaína, dinero y armas llegan desde Morelos hacia el Distrito Federal.

Uno de los puntos hallados para el trasiego de drogas se ubica en San Francisco Tlalnepantla, pueblo de poco más de siete mil habitantes. El lugar fue rastreado por un grupo especial de policías capitalinos, comisionados para perseguir narcomenudistas. Detenciones previas los llevaron a ese sitio primero por tierra y luego en dos helicópteros Cóndor de la SSP local. La zona estaba rodeada de brechas ocultas por la maleza pero perfectamente aplanadas y señalizadas para la circulación de camionetas pick up y camiones de tres toneladas.

Los reportes entregados a la policía mencionaban la ubicación de un plantío de marihuana en esa zona. De hecho, la Sedena tiene registros de cinco plantíos de cannabis localizados y erradicados en el Distrito Federal en los últimos nueve años y medio. En conjunto, los cinco plantíos que han sido detectados y erradicados por el Ejército no llegan a una hectárea de extensión y la policía nunca dio con los sembradíos de marihuana, pero tomó fotos de la zona y levantó planos para ubicar el sitio y los caminos vecinales usados para mover droga desde Morelos. El material fue entregado a la PGR, que entonces encabezaba el general Rafael Macedo de la Concha: el asunto nunca fue investigado a nivel federal.

Sin embargo, la policía capitalina continuó durante unas semanas sus pesquisas y consiguió declaraciones de habitantes de la zona y testimonios de narcomenudistas donde señalaban que la cocaína que llegaba por las brechas aledañas a San Francisco Tlalnepantla, desde Morelos, venía debidamente marcada para que nadie la incautara, ni siquiera en los decomisos federales. Esos paquetes, recuerdan ex agentes especiales de la policía capitalina, venían envueltos en papel color rosa. Eso indicaba que lo envuelto era cocaína, y que era de La Barbie. Y eso bastaba para que nadie más se metiera allí. Nadie.

¿Qué pueden hacer un par de policías municipales mal armados, peor pagados y sin entrenamiento ante un convoy de camionetas del narco? La pregunta revela la disyuntiva entre corrupción o muerte de los cuerpos policiacos

Víctor Ronquillo/Milenio

Para que la maquinaria del crimen organizado funcione hay que aceitarla con corrupción. Un estimado de los recursos derramados a las mafias policiacas involucradas en el negocio del narcotráfico es de mil 277.27 millones de pesos, de acuerdo a cálculos de la Secretaría de Seguridad Pública realizados con base en el déficit salarial con que operan las corporaciones.

Las expresiones más recientes del proceso de corrupción de las policías del país y de su operación virtual como bandas criminales, o al amparo de éstas, se dieron en Santiago, Nuevo León, cuando un grupo de siete policías municipales integró el comando que secuestró y asesinó al alcalde Edelmiro Cavazos. Entre éstos se encontraba el agente destinado a la seguridad personal del alcalde, mientras que Gilberto Cruz Puente, su anterior jefe de escoltas, había fallecido el jueves anterior al secuestro luego de chocar contra una malla ciclónica en la carretera Nacional en lo que fue declarado entonces un mero accidente

Días después de la ejecución del alcalde los presuntos homicidas fueron capturados en una quinta ubicada en el fraccionamiento campestre Rincón de la Boca, habilitada como base de operaciones, cuartel, casa de seguridad y guarida; allí fueron detectados 20 supuestos sicarios, la mayoría de los cuales se dieron a la fuga. La razón aparente para cometer el asesinato fue que el alcalde ordenó rebajarle a los policías involucrados 700 pesos por quincena al haberlos sorprendido extorsionando en una multa de tránsito a unos motociclistas.

Desde el pasado siete de agosto las fuerzas federales habían mostrado la crisis en que se encuentran las policías del país cuando cerca de 200 elementos se amotinaron en Ciudad Juárez. Los policías retuvieron a Salomón Alarcón, alias El Chamán, por más de cuatro horas, denunciando al principal mando policiaco de las tropas desplegadas en la conflictiva ciudad por corrupción y despotismo.

Las denuncias contra el personaje, de quien se dice es parte de una narconómina decomisada por el Ejército el año pasado en Sinaloa, son concretas: “Los jefes guardan en Los Rinos (los camiones blindados) la droga que le cargan a los detenidos. Nuestros mandos son pura basura. Reportan muchas detenciones porque están de acuerdo con agentes de la PGR a fin de capturar inocentes y cargarlos con droga para que paguen fuertes cantidades”.

Las “cuotas”, los “entres”, el pago para operar en las calles del país ha adquirido una impunidad insospechada: nada más eficaz que un sicario con placa y arma reglamentaria. Fue el propio Genaro García Luna quien reveló la cifra estimada por la Secretaría de Seguridad Pública que se destina a la corrupción policiaca. El Secretario participó a principios de este mes en el foro “Hacia un modelo policial para el México del siglo XXI”, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, y allí dijo: “El déficit salarial de los policías municipales es de mil 277.27 millones de pesos mensuales. Eso no lo pagamos y eso es igual a corrupción. Ese déficit lo financia el hampa, la parte delictiva. Hoy en el país la policía sigue operando ganando dos mil, tres mil pesos, es decir, el coche camina pero la gasolina alguien la pone”, dijo García Luna.

Poco más de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se conforma con apenas mil pesos de salario en una época cuando ser policía implica como nunca antes jugarse a diario la vida.

LA APARICIÓN DE LOS GUERREROS SUCIOS

La corrupción arraigada en las policías les permite operar y determina sus acciones pero el cáncer del dinero mal habido, de la formación de mafias policiacas, viene desde la vieja dictadura priista de los años setenta. Un texto esclarecedor sobre la historia del crimen organizado en México y sobre sus mecanismos de operación es Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México (Océano, 1998), preparado por el Instituto Mexicano de Estudios Organizados, una asociación civil.

El texto resulta contundente: “La especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia”.

Si realizamos un seguimiento de la historia criminal en México es posible reconocer una transformación de sus características hacia finales de esa década de los años setenta. Desde entonces la corrupción se extiende por las bases de las estructuras policiacas, prosperando negocios como el tráfico de drogas y el robo de automóviles y constituyéndose verdaderas mafias policiacas que pueden ilustrarse muy bien con la historia del famoso Negro Durazo, poderoso y corruptísimo jefe de la Policía de la Ciudad de México bajo el gobierno de José López Portillo.

Pero estos gremios policiales encargados de la operación de los florecientes negocios del crimen organizado funcionaron antes como mecanismos de control de la dictadura, si no como paramilitares, sí al margen de la ley y de los derechos civiles: “Contra los grupos subversivos o guerrilleros se puso en práctica una estrategia estatal de guerra sucia basada en la violación de los derechos fundamentales, el uso de la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales”.

La reforma política gestada en los años del gobierno de José López Portillo terminó en gran medida con estas operaciones, y las estructuras y los mandos encargados de enfrentar a los grupos subversivos adquirieron una nueva función: “Los guerreros sucios eran capaces de seguirle vendiendo a sus jefes y protectores la idea de que la tolerancia a ciertas actividades criminales era un pago justo para una fuerza operativa capaz de actuar en cualquier momento contra los enemigos del sistema (…). La organización policiaca devenida, más que nunca, en criminal, se fue orientando hacía algunas actividades especialmente rentables que, supuestamente, no perjudicaban tanto a la sociedad tales como el narcotráfico, que empezaba a adquirir una importancia inusitada”.

Así, el presente problema no es sólo uno de recursos económicos, sino que viene de la estructura misma de las corporaciones y del funcionamiento de las policías en México desde hace poco más de 30 años. “Cuando las organizaciones criminales operan desde el Estado, cuando desfiguran a las instituciones que debieran combatir al crimen hasta convertirlas en lo contrario, todo se ha pervertido (…). Desde el punto de vista de las ventajas para delinquir, las mafias policiacas tienen las mayores imaginables, pues cuentan con todo el poder del Estado y con recursos públicos”.

FOCO ROJOS EN 200 MUNICIPIOS

De acuerdo al investigador Edgardo Buscaglia, especialista en temas de narcotráfico y lo que se puede considerar violencia social, en 63 por ciento de los municipios del país existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión. Esta estructura criminal opera bajo el resguardo de la corrupción, protegida políticamente y con el apoyo logístico de los policías municipales. La Asociación de Autoridades Locales de México mantiene los focos rojos encendidos: la gestión de gobierno de 200 municipios del país está determinada por la presencia del crimen organizado. La inseguridad y la violencia son generadas, de acuerdo a esta agrupación de presidentes municipales, por parte del narcotráfico. Los estados donde el problema es más grave, como resulta obvio, coinciden con lo que se puede considerar la geografía del narcotráfico: Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Durango y Nuevo León. El episodio de la muerte del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos, da cuenta de la espiral de violencia que se vive en Nuevo León desde finales del 2009. Las ejecuciones de funcionarios públicos, sobre todo municipales, suman 61. Se han registrado 14 atentados y 18 secuestros a funcionarios y autoridades. Y de los altos mandos policíacos 12 han renunciado de acuerdo a recuentos periodísticos. Delitos como el robo con violencia y el robo de automóviles se han disparado. Los narcobloqueos en Monterrey son cada vez más prolongados y violentos; hoy son perpetrados por pandilleros armados y con la aquiescencia, o cuando menos la indiferencia, de la policía. Las ejecuciones atribuidas a la disputa por el territorio entre el cártel del Golfo y su antiguo brazo armado, Los Zetas, suman allí 420; el doble del año pasado. El control de las policías, sobre todo de la municipal, ofrece a los grupos del crimen organizado impunidad, información privilegiada y redes de control en las ciudades gracias a que se dispone de la infraestructura policiaca para operar: de sus hombres, vehículos, tecnología y hasta armamento. Los policías de la primera línea, los que sufren con mayor frecuencia los embates de la violencia o de la corrupción, son los municipales. Entre ellos se registra el mayor número de muertes violentas y de casos de presunta vinculación con el crimen organizado. De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública, dos mil 76 policías han muerto en los primeros tres años de este sexenio. Los policías municipales suman casi la mitad de las bajas, con 915. Son los agentes de primera línea, los que enfrentan día a día a la delincuencia. La policía de la calle y la vigilancia. Y para ellos, el viejo dilema persiste: plata o plomo. Lo que ocurre en Sinaloa ejemplifica esa realidad: en lo que va del año han sido asesinados en esa entidad 65 policías. Sólo en Navolato, Mazatlán y Culiacán fueron victimados 45. Cien hombres han desertado allí en las últimas semanas.

POLICÍAS ESTATALES vs CORRUPCIÓN

Muchos de los policías que combaten el delito en el país, los de la primera línea, los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas viejas. En información procedente de la Secretaría de la Defensa, hecha pública por requerimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y publicada por distintos medios, se señala que 91.3 por ciento de las instituciones policiales del país, estatales y municipales, apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 mil elementos.

Sin armas, con deficientes salarios, con la mínima preparación, las policías del país están a la deriva. Para su rescate se ha propuesto un nuevo modelo policial; en la 28 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los gobernadores del país y el presidente Felipe Calderón acordaron la construcción de 32 cuerpos policiales estatales: “Estamos apostando a reformas de fondo y por eso en el marco de este Consejo me comprometo a presentar en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional y legal que impulse un nuevo modelo judicial basado en 32 policías estatales…”, dijo Calderón.

Pero, en opinión de la mayoría de los presidentes municipales, la formación de policías estatales limitaría su gestión en labores de seguridad pública… y su presupuesto. En declaraciones a la prensa, el diputado Domingo Rodríguez, coordinador de Vinculación con Estados y Municipios del PRD, afirmó: “Hay un rechazo generalizado por parte de los dos mil 435 ediles del país, por la posible afectación a la soberanía municipal. Se podrían crear cacicazgos policiacos”. La oposición a la creación de policías estatales encontró eco en 15 de los procuradores de justicia del país asistentes a la XXIII Conferencia Nacional de Procuradores, celebrada en Ensenada el pasado mes de mayo. Fuentes consultadas señalaron que estos procuradores se oponen a la fusión de las policías ministeriales en una sola policía estatal, pues esto limitaría sus posibilidades de investigación para enfrentar al delito.

Si se revisan las acciones emprendidas contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, una de las constantes es la captura de policías presuntamente vinculados al crimen organizado. Altos mandos fueron detenidos cuando se llevó a cabo la Operación Limpieza, pero la tarea impostergable para transformar de fondo a las policías mexicanas tiene que ver con la vinculación entre el poder político y el poder policiaco: el diagnóstico presentado en Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado en México remite a la década de los años setenta para explicar el florecimiento del crimen organizado, sobre todo la aparición de los poderosos grupos de narcotraficantes que hasta ahora prevalecen, pero su explicación es tan pertinente hoy como ayer: “Para entonces, desde el Estado, se había hecho lo que los criminales no hubieran podido hacer por sí solos: organizarse. Se había creado una enorme maquinaría para obtener dinero, una pirámide en cuya base se situaban los delincuentes comunes, en su segundo piso los agentes y jefes policiacos, y en la cúspide las autoridades políticas”.

Fotos: Gil Lira

• Lluvias afectan 12 municipios en Oaxaca, la zona más afectada es la cuenca del papaloapan, en Tuxtepec damnifica a 3 mil personas, cerca de 10 colonias afectadas y 6 comunidades hasta el día de ayer

Antonio Mundaca

Se pronostica que el fenómeno se mueva en paralelo a la costa mexicana y que pueda convertirse en huracán en los próximos dos días

Este domingo, la tormenta tropical Frank se formó en el Pacífico frente a la costa de México y las autoridades emitieron varias advertencias para partes de la zona.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 75 kph, dijeron los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Frank estaba a alrededor 230 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, México. Se desplazaba con dirección al oeste a 11 kph.

El gobierno de México emitió una advertencia de tormenta tropical para su costa oeste, desde Puerto Ángel a Punta Maldonado. También lanzó una alerta de tormenta tropical, de Punta Maldonado a Tecpan de Galeana.

Otra advertencia de riesgo continúa en vigor de Salina Cruz al oeste, hasta Puerto Ángel. Se pronosticó que Frank se mueva en paralelo a la costa mexicana y que pueda convertirse en huracán en los próximos dos días.

Gyna Martínez

Con la tormenta Tropical Frank, Tuxtepec se inundó por arroyos que atraviesan el casco urbano, y grandes encharcamientos en las zonas bajas tanto en colonias como en comunidades, resultando hasta ayer 3 mil damnificados de los que sólo 100 personas se animaron acudir a los albergues ya instalados

A partir de la madrugada de este lunes las familias comenzaron a sufrir pérdidas materiales con la entrada del agua a sus hogares, de momento la Policía Municipal y el personal de Protección Civil no se dieron abasto, las llamadas de auxilio que registraban de diferentes colonias al mismo tiempo.

Para la mañana –tarde de ayer el Ejercito Mexicano implementó el Plan DN –III-E que es el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, apoyado de esta manera a las autoridades municipales de Tuxtepec a socorrer a la población.

Las colonias que se reportaron inundadas y severamente afectadas fueron : Santa Cruz, La Moderna, Infonavit Costa Verde, Casas Geo, Jorge L. Tamayo, Las Limas, Guelatao, Siglo XXI, María Luisa y Jardines del Arroyo así como las comunidades de Benemérito Juárez, Santa Teresa, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Papaloapan, Camarón Salsipuedes.

• Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Durango son entidades donde el ejercicio periodístico puede considerarse de alto riesgo

Victor Ronquillo/Milenio

La autocensura como una forma de sobrevivir. El narco, el crimen organizado; poderes fácticos que imponen la ley del silencio. Palabras prohibidas, como cártel del Golfo y Zetas en Nuevo Laredo y Reynosa; mensajes amenazantes en los teléfonos celulares de reporteros en Tijuana; recurrentes amenazas contra el gremio en Ciudad Juárez; la persecución en Chilpancingo… los periodistas están en la mira

De acuerdo a los recuentos de distintas organizaciones y a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los periodistas asesinados en los últimos diez años son 62. A ellos se suman 10 colegas desaparecidos.

La geografía de la violencia perpetrada en contra de los periodistas es clara: los lugares donde se agudizan las condiciones de riesgo coinciden con aquellas zonas donde el narcotráfico ha impuesto la ley de la corrupción y la violencia, donde el crimen organizado se constituye como un poder fáctico. En los últimos 10 años, en Chihuahua han sido asesinados 10 periodistas y en Tamaulipas nueve. Estas entidades encabezan la lista de los lugares donde el oficio de periodista se ha convertido en uno de alto riesgo. También en Michoacán hay que lamentar tres homicidios y la desaparición de otros tres periodistas; en Oaxaca y Veracruz, siete; en Guerrero y en Durango cinco.

El pasado 19 de enero en la ciudad de Culiacán, Alberto Brunori, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunido con un grupo de periodistas e integrantes de organizaciones de los defensores de los derechos humanos, afirmó que 98 por ciento de los casos de periodistas asesinados en México permanecen impunes. El saldo de los 594 expedientes de queja por agravios sufridos por periodistas —amenazados, agredidos, desaparecidos, asesinados— radicados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el mismo que el de las 20 recomendaciones emitidas por ese organismo de 1995 a la fecha. La impunidad.

DEPREDADORES DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Los asesinatos de periodistas se han multiplicado en los primeros tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón y la llamada guerra del narco ha recrudecido la violencia. Según información de la CNDH, en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas, 10 en 2008 y 12 en 2009. La Organización Reporteros sin Fronteras consideró esta situación como una gran “hecatombe” para la libertad de expresión.

Para Reporteros sin Fronteras los cárteles de El Golfo, Sinaloa y Juárez son algunos de los 40 depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Al dar a conocer una lista de estos depredadores, Reporteros sin Fronteras describió la situación que se vive en México: “Policía y Ejército tienen una gran responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y los atentados a la libertad de expresión. Desde 2006 han sido asesinados 62 periodistas; 10 han desaparecido desde 2003. Más de la mitad de esos reporteros investigaban asuntos relacionados con el narcotráfico”.

En cuanto a la impunidad, Reporteros sin Fronteras se pronuncia: “Nunca se ha detenido ni juzgado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes. México es uno de los países más peligrosos del continente americano para la profesión”.

Reporteros sin Fronteras identifica a los depredadores de la libertad de prensa en los siguientes términos: “políticos, dirigentes de instituciones del Estado, jefes religiosos, milicias u organizaciones criminales que atacan directamente a los periodistas; que hacen de la prensa su enemigo preferido, su bestia negra. Poderosos, peligrosos, violentos, están por encima de las leyes”.

Los focos rojos se encienden cuando organizaciones terroristas, criminales y poderosos personajes atentan en contra del derecho de informar; para que el crimen organizado se erija como un poder fáctico es necesaria la corrupción y la complicidad. Los agresores más frecuentemente identificados de periodistas son funcionarios públicos.

En el informe donde el organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo 19 documentan las 244 agresiones sufridas por periodistas en el año 2009, se afirma que en más de 65 por ciento de los casos los agresores fueron funcionarios públicos. “Si bien los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques contra periodistas, en particular los más violentos, las estadísticas muestran también que los principales culpables de las agresiones contra el gremio son funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado”.

OFICIO DE ALTO RIESGO

Para algunas empresas aseguradoras resulta un mal negocio vender una póliza de seguro de vida para los periodistas que laboran en lo que sus propios agentes consideran “zonas de guerra”, como Ciudad Juárez, Chiuahua; Reynosa, Tamaulipas, o Torreón, Coahuila.

En Ciudad Juárez algunas empresas se negaron a vender más pólizas de seguros de vida a los colegas reporteros. Jesús Meza, integrante de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, denunció este hecho a través de distintos medios el pasado 13 de mayo: algunas empresas siguen vendiéndolos, pero cobrando tarifas más altas; una sobretasa por el ejercicio de una profesión de alto riesgo.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

El viernes 16 de julio reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la ciudad de Chihuahua llegaron a la sede del gobierno estatal. El más reciente crimen, el homicidio perpetrado una semana antes del camarógrafo Guillermo Alcaraz que, entre otros medios, desempeñaba sus labores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los convocó con la exigencia del esclarecimiento de los asesinatos de periodistas. La lista de casos de asesinatos de periodistas que permanecen en la impunidad en Chihuahua, incluye a Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez, muerto hace dos años; a José Luis Ortega Mata, a Víctor Oropeza y Jéssica Lizalde.

En los últimos 10 años, durante los cuales han sido asesinados 62 periodistas y desaparecido 10, también se ha atacado ocho veces instalaciones de medios de comunicación con granadas o materiales explosivos diversos: el viernes 20 de julio por la noche, un automóvil en marcha que nadie se atreve a describir a detalle y del que nadie vio sus características o número de placas, cruza por la entrada a las instalaciones de Televisa en Nuevo Laredo. Uno de sus ocupantes arroja una granada que luego estalla. Un aviso.

Los periodistas saben lo que pasa. Desde hace semanas “el crimen organizado” —así lo dicen, aunque sin nombrar a alguna organización específica— ordenó publicar determinada información: notas, videos y fotografías. Quien no lo haga se atiene a las consecuencias.

Reporteros, fotógrafos, jefes de información, empresarios dueños de periódicos y estaciones de radio han enfrentado en Nuevo Laredo, como en otras ciudades del país, el dilema planteado por el narcotráfico: ¿plata o plomo? Otros han encontrado en el silencio, la autocensura, una forma de sobrevivir y proteger a sus familias. Los colegas lo dicen: “Los medios están controlados en Nuevo Laredo”. Allí se encuentra hoy una información acallada, una sociedad sumida en el terror de los rumores donde los narcobloqueos y los tiroteos, son frecuentes; donde sólo se publica lo que ordenan Los Zetas.

Hugo Alfredo Olivera Cartas, corresponsal de la Voz de Michoacán en Apatzingán y editor del periódico El Día y reportero policiaco, fue ejecutado la madrugada del pasado seis de julio. Su cuerpo fue encontrado con tres impactos de bala a bordo de una camioneta pick-up en una brecha serrana entre los municipios de Tepacaltepec y Aguililla.

En Michoacán los casos de periodistas asesinados y desaparecidos documentados suman seis: Jaime Arturo Polvera Bravo, ex corresponsal de La Voz de Michoacán, fue asesinado el nueve de marzo de 2006. José Antonio García, editor del periódico Ecos de la Cuenca, desapareció el 20 de noviembre de ese año en Tepacaltepec. Mauricio Estrada, reportero policiaco del diario La Opinión, de Apatzingán, fue visto por última vez el 12 de febrero del 2008. El 10 de octubre de ese mismo año fue ejecutado Miguel Ángel Villagómez, editor del diario La Noticia, del puerto de Lázaro Cárdenas. María Esther Aguilar, de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio, desapareció el 11 de noviembre del 2009. Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del mismo diario en Paracho, fue visto por última vez, el seis de abril de 20010.

María Esther Aguilar es la primera mujer en la lista de los periodistas que han sufrido los embates de los poderes fácticos en zonas de alto riesgo; lugares donde el narcotráfico impone la ley de la corrupción y la violencia. La mañana del 11 de noviembre del 2009 ella se levantó temprano. Iba a hacer unas fotografías en la estación de bomberos cercana a su casa. Salió en pants y con sandalias. 10 meses después nadie ha vuelto a saber de ella.

En la redacción de Cambio, en Morelia, conversé con Juan Ignacio Salazar Rodríguez, jefe de corresponsales del periódico. Salazar está convencido de que los periodistas de Michoacán trabajan en una zona de guerra. El diario promueve protocolos de seguridad, el jefe de corresponsales, quien ha perdido a dos de los suyos, me dice que entre otras medidas de seguridad no tiene rutinas establecidas y que sus horarios son flexibles. Su mayor preocupación es que un grupo armado ataque las instalaciones del periódico; ante tal amenaza ya se ha diseñado una ruta de escape.

Martes 22 de junio por la noche. Dos desconocidos se plantan frente a la entrada del diario Noticias de El Sol de La Laguna en la ciudad de Torreón, Coahuila. En un rápido movimiento de profesionales disparan sus metralletas. La recepcionista del periódico corre con suerte; apenas resulta herida por las esquirlas de cristal que la lastiman en la cabeza y el brazo izquierdo. Jesús Torres Charles, procurador de justicia en Coahuila, informó que en el lugar de los hechos se localizaron casquillos de armas de grueso calibre. De manera parca sólo dijo: “No se ha determinado el número de disparos, sólo se sabe que fueron dos ráfagas”. Otra advertencia.

El pasado 26 de julio fueron secuestrados en Gómez Palacio, Durango, después de cubrir una protesta de familiares de internos en el Cereso número dos de la ciudad, convertido en guarida de sicarios, cuatro colegas. Óscar Solís, del diario local El Vespertino; Héctor Gordoa de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y también el camarógrafo Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Luego de su rescate policiaco el sábado 31 de julio, Alejandro Hernández afirmó en conferencia de prensa en la Ciudad de México: “Todo el día y toda la noche, sicológicamente nos estaban intimidando. Fue muy difícil y sí nos maltrataron (…) Me dieron con una tabla en la cabeza y aquí en el cuerpo”.

LAS INFANTERÍAS DEL PERIODISMO: LOS MÁS AGREDIDOS

De acuerdo con una revisión de archivos periodísticos, una tendencia que no ha variado en los últimos 10 años es la relativa a los mayormente afectados: los reporteros, quienes continúan acumulando el mayor número de agresiones, particularmente los de la fuente policiaca y política. Otra constante en los últimos dos lustros la representa el hecho de que los periodistas de medios impresos sigan concentrando el mayor índice de agresiones y amenazas.

Trabajamos como corresponsales de guerra, lo que quiere decir que, además de estar expuestos a ser acallados, el quehacer laboral se hace en precarias y riesgosas condiciones en todo el país, pero sobre todo en la amplia geografía donde el crimen organizado impone la fuerza de la corrupción.

El Informe Buendía 2008—2009 aporta más información sobre la situación de riesgo en que los periodistas trabajan en México. Los datos son estremecedores: en 2008 los periodistas y los medios sufrieron 228 agresiones, más del doble de las ocurridas el año anterior. Doce fueron asesinados. No hay duda de que el móvil de por los menos cinco de estos crímenes está relacionado con la labor de los victimados, con la información publicado por ellos. Hay que insistir: las agresiones a los periodistas, las amenazas, los ataques, los secuestros, las desapariciones y los homicidios son una agresión al derecho al conjunto de la sociedad a la información.

• Una crónica precisa de la operación militar para la detención del capo del cártel de de Sinaloa, quien falleció en el operativo junto al teniente de Infantería que encabezaba el grupo militar de avanzada

Jorge Alejandro Medellin/milenio

Ya iba para afuera, cortando cartucho y brincando entre muebles, entre barandales de madera y sillas rústicas de hierro, gritándole a Irán Quiñónez Gastélum, su escolta, para ubicarlo, para ordenarle que salieran por atrás, pero el hombre encargado de la seguridad personal de Nacho Coronel ya tenía a media docena de militares encima apuntándole a la cara.

Eran poco más de las 13:00 horas cuando el grito de los oficiales se escuchó en la entrada principal de la casa. “¡Ejército mexicano… quieto, no se mueva! ¡Quieto!”, le decían los militares a Quiñónez mientras su jefe, Ignacio Coronel Villarreal, era buscado por cinco elementos de tropa en la estancia de la casa de Colinas de San Javier, sobre la calle de Paseos del Parque.

Sobre la herradura que forman las calles de Madrigal y Paseos del Parque, en la zona residencial del municipio de Zapopan, los dos helicópteros Bell de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) seguían volando bajo, en círculos cerrados y con una dotación de francotiradores listos para disparar en caso de que alguno de los buscados lograra escapar. Pero ni Ignacio Coronel ni Quiñónez, su escolta, pudieron salir de la casa: el sicario y protector del capo fue sometido rápidamente por los soldados y Nacho Coronel llevó la peor parte. Momentos antes, éste le había disparado a la cara al teniente de Infantería que iba al frente del grupo de asalto para capturarlo. Murió al instante. Coronel siguió disparando su pistola automática y alcanzó a darle a un Sargento que cayó herido.

Pensó que con eso podía ganar metros, terreno, piso a los militares que creyó haber dejado atrás, pero se equivocó: el teniente al que había asesinado y el sargento herido estaban casi a la entrada de la casa, pasando la cochera, atravesando el primer patio, por eso creyó que podría huir si salía por una de las habitaciones del fondo, la que daba a otro patio más pequeño y luego a una cancha de tenis. Después lo esperaba un jardín y de inmediato la calle de Madrigal, a la que nunca llegó.

Porque antes se topó de frente con un segundo grupo de militares. La orden superior era la de detenerlo vivo, pero imperaron la situación real y la doctrina castrense: más que un narcotraficante o un delincuente, Ignacio Coronel se convirtió en un enemigo y como tal se le abatió cuando quiso enfrentar a balazos a los militares para escapar por la calle trasera. Fue acribillado de frente; cuando intentó disparar ya estaban cinco militares apuntándole. Tres de ellos abrieron fuego. Las ráfagas atravesaron a Coronel.

Su cuerpo quedó a medio escalón entre dos barandales de madera que asemejaban los límites de un potrero, con sus sillas y bancos de madera y hierro, con una mesa de cristal ocupada con vasos de unicel, latas de refresco y cerveza. Quedó a medio camino entre una cantina hecha de ladrillos rojos, un par de amplificadores negros y el desnivel que separa una parte de la sala y la estancia que lleva a las habitaciones del ala izquierda de la casa.

Fueron 10, quizá 12 minutos antes de que todo terminara. Las siguientes cuatro horas fueron de cateo, de levantamiento de pruebas y de recolección de objetos e información sobre el cártel de Sinaloa y sus operaciones en el Occidente del país.

OJOS EN EL CIELO

Los mandos de inteligencia militar y naval sabían que desde hace poco más de un año el narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, vivía en Zapopan, Jalisco, municipio del que entraba y salía a placer protegido por policías de diversas corporaciones.

Esto no era nuevo. Desde 2006 un grupo de operadores y sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva se había trasladado al municipio de Zapopan para unirse estratégicamente a esa parte del cártel de Sinaloa que controlaba el paso de dinero, drogas, armas, personas, precursores químicos, vehículos y combustible por esos rumbos del país. En ese mismo año fueron detenidos cuatro familiares de los Beltrán Leyva en zonas residenciales de Zapopan. El propio Ignacio Coronel vivió más de tres años en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, a escasos cinco kilómetros de la Base Aérea Militar Número Cinco, en ese municipio en donde se localiza también el Colegio del Aire. De ahí se mudó a Colinas de San Javier, ocupando con su gente cuatro casas ubicadas en sitios que le garantizaran el control de accesos y salidas en caso de urgencia

De acuerdo con la Defensa Nacional, Ignacio Coronel controlaba los intereses del cátel de Sinaloa en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Durango, Zacatecas y Coahuila. Cuando la guerra entre cárteles se agudizó, obligó a Coronel a moverse constantemente para evitar el acoso de sus enemigos. Al hacerlo entraba y salía de Jalisco esporádicamente hasta que su gente tomó el control de la plaza y le aseguró una permanencia menos turbulenta. Sin embargo, la detención en el norte del país de varios operadores de cárteles rivales que contaban con información sobre la posible ubicación de Coronel sirvió para aportar datos más precisos sobre el paradero del narcotraficante.

A todo esto se sumaron las escuchas telefónicas, las intervenciones de internet y la infiltración de militares encubiertos que hacían patrullajes esporádicos para ubicar las casas, fotografiarlas y llevar un seguimiento que permitiera un operativo casi perfecto: a los militares les tomó al menos una semana preparar con todo detalle el operativo para detener a Coronel luego de vigilar sus movimientos y los de tres grupos de sicarios que vivían en dos casas más localizadas en Colinas de San Javier. Sin embargo, los especialistas de las Secciones Séptima (Operaciones Contra el Narcotráfico), Segunda (Inteligencia Militar) y del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMADEN) utilizaron un software simple y al alcance de todos, Google Earth, para ubicar con certeza al capo, conocer sus posibles rutas de escape y prevenir contingencias que involucraran a otros vecinos de la exclusiva zona de Colinas de San Javier. Con las imágenes allí captadas definieron la parte final del plan de operaciones para rodear por todos sus puntos vulnerables la casa del tercer hombre en importancia del cártel de Sinaloa.

Por ello los equipos especiales sabían muy bien que Nacho Coronel podía escapar de la casa de Paseos del Parque sólo por cuatro puntos y usando únicamente dos vías inmediatas de huída: la calle de Madrigal, a espaldas de su casa, en donde tenía una cancha de tenis y junto a esta un jardín de unos 200 metros cuadrados, y la propia Paseos del Parque, insegura y atestada, como seguramente estaría, de militares y policías si alguna vez llegaban a dar con su paradero.

Lo lógico sería que una vez alcanzada la calle de Madrigal, el siguiente objetivo fuera la avenida Juan Palomar Arias, que podía conducirlo hacia el municipio de Guadalajara. De cualquier modo, todos los posibles puntos de escape estaban cubiertos, y ni siquiera fue necesario extender el movimiento militar hacia las avenidas y calles de la zona residencial.

Minutos antes de ingresar a las casas, los militares detuvieron a los primeros dos sicarios, los vigías: sobre ellos había un seguimiento constante pues conocían bien los movimientos y los horarios de su jefe. Los detenidos sabían que Coronel estaba en la casa, acompañado únicamente por Irán Quiñónez Gastélum, y que no tenía planes para salir en las horas siguientes.

Al sobrevuelo de los helicópteros le siguieron el cierre gradual de las calles Paseo de los Parques, Avenida Patria, Juan Palomar Arias, Madrigal, Paseo de la Noria y Villa de la Colina. Luego, el arribo de tres grupos especiales de 50 elementos cada uno pertenecientes a la V Región Militar y, finalmente, los cortes de energía eléctrica y de la señal de internet.

En cuestión de minutos Ignacio Coronel y su gente quedaron aislados. Sin contacto entre ellos, sin el apoyo del resto de sus sicarios, el capo quedó inutilizado mientras las alas de los helicópteros sonaban cada vez más cercanas a los techos de las casas. La intervención militar fue precisa, pero la reacción de Ignacio Coronel, imprevista. Los militares que diseñaron el operativo estaban seguros de que al verse rodeado, superado en número y poder de fuego, Nacho Coronel se entregaría. El cálculo fue erróneo.

Una hora más tarde, con la situación bajo control y un capo muerto más, el presidente Felipe Calderón y su comitiva arribaban a Guadalajara para sostener un encuentro con empresarios y luego inaugurar el nuevo estadio de las Chivas. Mientras, la Sedena citaba a los medios de comunicación para una conferencia de prensa en la que se ofrecerían datos sobre la operación.

No hubo tal. El general Edgar Luis Villegas, subjefe Operativo de la Defensa Nacional, sólo leyó el comunicado de dos cuartillas y se retiró rápidamente del auditorio de la Sedena. El texto indicaba, en su parte final, que “Nacho Coronel dirigía las actividades delictivas para su organización en el occidente de la República, que comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Michoacán, controlando el tráfico de Cocaína a través de la denominada Ruta del Pacífico”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y el Orden Público y el FBI ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevará a su captura, añadía el comunicado.

¿Quién era?

Ignacio Coronel Villarreal, mejor conocido como El rey del ice o El rey del crystal, nació el primero de febrero de 1954 en Veracruz, según datos del gobierno estadunidense, aunque sus contrapartes mexicanos lo ubican como oriundo de Canelas, Durango. De acuerdo con un informe de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, desde 2008 se le consideró el capo más poderoso del país.

Sus orígenes en el narcotráfico se remontan a mediados de los años ochenta, cuando trabajó en Zacatecas para Amado Carrillo Fuentes. Desde la muerte de éste, en 1997, ha intentado mantenerse al margen de disputas y ha diversificado su red hacia la península de Yucatán y las costas de Sonora.

Ignacio Coronel fue identificado como el operador financiero de la desaparecida Federación, organización donde confluyeron hasta hace unos años los principales capos sinaloenses encabezados por Juan José Esparragoza Moreno, los hermanos Vicente y Rodolfo Carrillo Fuentes, Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán así como Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.

Se encargaba de las operaciones del cártel de Sinaloa en la zona de Jalisco, Colima y Nayarit, principalmente. Ignacio Coronel enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, narcotráfico e incluso tenía una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos